Los representantes del primo del Presidente solicitaron que se separe a los empresarios que «ocasionalmente aportaron dinero».
El empresario Angelo Calcaterra, procesado en la causa de los cuadernos de la corrupción, sostuvo que es descabellado considerar que el primo del presidente Mauricio Macri haya formado una banda con el gobierno anterior. Además, apuntó contra una de las principales pruebas que aportó a la causa el financista y «arrepentido» Ernesto Clarens.
«Nuestro asistido está identificado desde siempre como vinculado a la familia Macri. Es el sobrino de Franco Macri. Solo hace falta poner en un portal de internet para saber cómo se lo nombra. ¿A quién se le ocurre pensar que el gobierno anterior, visiblemente enfrentado a Mauricio Macri, va a hacer una asociación ilícita con Angelo Calcaterra durante 14 años, cuando lo único que hizo fue unas entregas en 2013?», disparó el abogado Ricardo Rosental, en la audiencia ante la Cámara Federal.
Calcaterra, ex dueño de IECSA, no estuvo presente en el segundo piso de Comodoro Py 2002. Un rato antes, en el cuarto piso ante el juez Claudio Bonadio, había estado Marcelo Mindlin, de Pampa Energía y quien compró IECSA, declarando por la causa de las coimas.
«A la investigación le queda un larguísimo camino por delante. Hay que revocar este procesamiento y dictar la falta de mérito», afirmó la defensa de Calcaterra, a cargo de Rosental y Fernando Díaz Cantón.
La defensa advirtió además la necesidad de separar de la banda a los empresarios que hayan aportado ocasionalmente dinero e investigarlos en una causa aparte. Si esto no se corrige en la causa, aseguraron, «tendrá un efecto lapidario» en un juicio oral.
La defensa apuntó una prueba clave que aportó el financista Clarens, en su rol de arrepentido. Se trata de una lista de obras de los últimos 15 años en donde se detallaba el presupuesto oficial y el presupuesto ofertado de una serie de obras.
Según Clarens, en esa diferencia estaba la cifra del sobreprecio y las coimas, pero el abogado de Calcaterra aseguró que de eso no se puede presumir. «Lo pueden ver. Hay infinidad de obras en donde el precio ofertado es inferior al precio oficial. Está mal resuelta la asociación ilícita y esto es decisivo. Esto va a generar una bola gigantesca donde en un juicio oral van a absolver a todo el mundo mal o van a condenar a todo el mundo peor», dijo Rosental.
«Se trata de un expediente que tuvo un comienzo explosivo y vertiginoso, sin la intervención de las partes durante meses, y que un día cobra una dinámica infernal con detenciones y que se ha ampliado de modo amorfo, de la bitácora de un chofer a una asociación ilícita», señaló el abogado.
Y advirtió que «es indispensable ordenar esto de la asociación ilícita» porque «en esta gigantesca vorágine, la solución del juez fue poner a todos como integrantes de la asociación ilícita».
Según se planteó, Bonadio «hizo distinciones muy pequeñas. Cualquiera fuera la intensidad, y el carácter y la magnitud temporal en la que intervino (en la supuesta banda). Acá hay un error serio en la lectura del expediente. Es muy raro que, como están los hechos, sea una asociación ilícita en donde el jefe le indicaba al organizador que trajera dinero del miembro».
Tras aclarar que «nadie dice que no haya que juzgar» la conducta de Calcaterra, su defensa les reclamó a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que revisen la decisión de Bonadio y los alcances de la asociación ilícita: «No es lo mismo» el rol que pudieron haber tenido ex funcionarios que pertenecieron al Gobierno durante 15 años, «algunos empresarios que fueron funcionales a una asociación ilícita -si la hubo- o algún empresario que un año puso plata y no puso nunca más».
«Todo esto tiene un efecto lapidario en el expediente. Si esto no se corrige ahora, difícilmente se corrija alguna vez. Porque esto parece que quieren ir a juicio oral con rapidez. ¿Cuándo se va a poder discutir eso? Es insólito que una causa sea elevada a juicio en seis meses y tenga una instrucción suplementaria de ocho años para dilucidar el aporte de cada persona», aseguró Rosental.
Y añadió: «Bajo el paraguas de la asociación ilícita, se esconde cualquier cosa que pase por abajo sin distinción de los hechos. La causa va a fracasar por no poder administrar justicia como corresponde. Vamos a sentarnos en un tribunal oral. Imagínense esta causa en un tribunal oral con lo que tienen ahora. Y lo que tienen ahora son: las anotaciones de Centeno, muy alejadas de la prueba del hecho; las declaraciones en acuerdos de colaboración sin corroboración alguna; y los procesamientos de todos».
Por su parte, Díaz Cantón advirtió que «acá se coloca a todos los imputados en la misma bolsa» e incluso señaló que Calcaterra «no puede ser integrante de una asociación ilícita» cuando «las entregas no fueron voluntarias sino coaccionadas».
«En una asociación ilícita hay cohesión, uniformidad, sentimiento de pertenencia. Con Angelo Calcaterra se da la paradoja de que, siendo el primer colaborador espontáneo que tuvo la causa, no solo no se refleja ningún beneficio en la causa sino todo lo contrario. Se lo procesa como miembro, se le dicta una prisión preventiva y se lo embarga por una suma desproporcionada», advirtió.
La defensa aseguró que «la prisión preventiva ni siquiera debió haberse dictado cuando el juez ya le había otorgado la libertad provisoria el día que se presentó en tribunales» y afirmó que «la presentación voluntaria descarta de plano la idea de una fuga ni hay medidas de prueba a realizarse. Pero además no corresponde teniendo en cuenta una eventual pena en suspenso, a reducirse a la mitad por su colaboración».
Además se criticó «el embargo de 4 mil millones de pesos porque no guarda los principales de racionalidad» y porque «el monto fue al voleo y la suma no guarda relación con los hechos». «Se habla de la regla de solidaridad. Mi asistido solo podría responder por los delitos por los que pueda ser procesado, no por los de otros. Además, en ninguno de los hechos implica un daño patrimonial al Estado para mi asistido. La forma en que se impuso implica una muerte civil. Se congelaron cuentas. Se paralizaron sueldos y embargos, es una desproporcionalidad inaudita», agregó Díaz Cantón.
Por último, la defensa también aseguró que no puede revocarse la falta de mérito de Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra, como pidió la Fiscalía, porque «nunca estuvo en una asociación ilícita» y «es claro que no tuvo el dominio del hecho».
